Comunicación Efectiva

Regulaciones revisadas correspondientes a los Títulos II y III de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades afectan a entidades públicas (gobiernos estatales y locales) y las empresas privadas deben proporcionar una comunicación efectiva con individuos con discapacidades. Estas regulaciones, emitidas por el Departamento de Justicia, entraron en vigor el 15 de marzo de 2011. Ellas requieren que entidades públicas y privadas proporcionen ayuda y servicios auxiliares apropiados cuando sea necesario para asegurarse de que las personas con discapacidades del habla, de audición y visuales entiendan lo que se dice o se escribe y que puedan comunicarse de manera efectiva (§35.104, §35.160, §36.104, §36.303).

Entidades públicas y privadas también deben proporcionar una comunicación efectiva a acompañantes que son personas con discapacidad. El término "acompañante" significa un miembro de la familia, un amigo o alguien con quien la agencia de gobierno estatal o local o la empresa privada se comunicarían usualmente.

El tipo de ayuda o servicio auxiliar necesario para garantizar comunicación efectiva depende de:

  • el método de comunicación utilizado por la persona;
  • la naturaleza, duración y dificultad de la comunicación que ocurre; y
  • la complejidad de lo que se comunica.

Ayudas y servicios auxiliares deben proporcionarse en formatos accesibles, de manera oportuna, y de una manera que protege la privacidad y la independencia de la persona con una discapacidad. Una entidad pública o empresa privada no puede imponer un recargo a una persona con una discapacidad para cubrir los costos de la ayuda o servicio auxiliar prestado.

Ejemplos de ayudas y servicios auxiliares comunes incluyen:

  • intérpretes de lenguaje de señas cualificados en persona o por medio de interpretación remota por vídeo (VRI, por sus siglas en inglés)
  • personas que toman notas o intercambio de notas escritas
  • servicios de transcripción asistida por computadora en tiempo real
  • materiales escritos
  • amplificadores de auriculares de teléfonos
  • aparatos y sistemas auditivos auxiliares
  • teléfonos compatibles con audífonos
  • decodificadores de subtítulos
  • subtítulos abiertos y cerrados, incluyendo subtítulos en tiempo real
  • productos y sistemas de telecomunicaciones de voz, texto y vídeo, incluyendo teléfonos de texto (TTYs, por sus siglas en inglés), videoteléfonos y teléfonos subtitulados o aparatos de telecomunicaciones igualmente efectivos
  • pantallas de videotexto
  • lectores cualificados
  • textos grabados
  • grabaciones de audio
  • materiales y pantallas en braille
  • software de lector de pantalla
  • software de magnificación
  • lectores ópticos
  • programas auditivos secundarios (SAP, por sus siglas en inglés)
  • materiales con letras grandes
  • tecnología electrónica y de información accesible

Entidades públicas deben prestar atención primordial a la solicitud de las personas con discapacidades. Una empresa privada debe consultar con las personas con discapacidades, siempre que sea posible, para determinar qué tipo de ayuda auxiliar se necesita, pero la decisión final recae en la empresa privada, siempre y cuando el método elegido resulte en comunicación efectiva.

Una entidad pública o empresa privada es financieramente responsable por el costo de la ayuda o servicio auxiliar a menos que pueda demostrar que la misma conlleva una carga financiera excesiva. Incluso si se determina que una ayuda o servicio auxiliar es una carga financiera excesiva, la entidad aun así tiene que proporcionar comunicación efectiva utilizando una ayuda o servicio auxiliar diferente.

Intérpretes de lenguaje de señas

Entidades públicas y empresas privadas no pueden requerir que una persona con una discapacidad  lleve a alguien para que interprete para él o ella. Asimismo, no pueden depender de un adulto que acompaña a una persona para interpretar o facilitar la comunicación, excepto:

  • En una emergencia que conlleva amenaza inminente para la seguridad o el bienestar de un individuo o del público, donde no hay un intérprete disponible; o
  • Cuando la persona con una discapacidad específicamente solicita que el adulto acompañante interprete o facilite la comunicación, el acompañante adulto tiene que estar de acuerdo con proporcionar dicha asistencia, y depender en ese adulto es apropiado bajo las circunstancias.

Una empresa privada no deberá depender de un hijo(a) menor de edad para interpretar o facilitar la comunicación, excepto en una emergencia que conlleva una amenaza inminente para la seguridad o el bienestar de un individuo o del público, donde no hay un intérprete disponible.

Las nuevas regulaciones permiten el uso de los servicios de interpretación remota por vídeo (VRI, por sus siglas en inglés), que utiliza la tecnología de vídeo-conferencia para ofrecer la interpretación de lenguaje de señas por internet. Entidades que utilizan VRI deben asegurarse de que el servicio está siempre disponible, que la tecnología cumple con las normas de desempeño, y que siempre hay alguien disponible que puede instalar y usar el sistema de VRI.

Telecomunicaciones

El requisito de proporcionar comunicación efectiva se aplica a entidades públicas y empresas privadas que utilizan sistemas de asistentes automatizados, incluyendo correo de voz y mensajes o sistemas de respuesta interactiva para recibir y dirigir las llamadas telefónicas recibidas. Estos sistemas también deben proporcionar una comunicación efectiva en tiempo real con personas que utilizan ayudas y servicios auxiliares, incluidos teléfonos de texto (TTYs) y servicios de retransmisión, incluidos los servicios de transmisión por internet.

Una entidad pública o empresa privada deberá responder a las llamadas telefónicas de un servicio de retransmisión de la misma manera que responde a otras llamadas telefónicas. Una entidad pública o empresa privada puede utilizar los servicios de retransmisión en lugar de comunicación telefónica directa para recibir o hacer llamadas telefónicas a personas con discapacidades.

Si una entidad pública o empresa privada por lo general ofrece a los clientes, pacientes o participantes la oportunidad de hacer llamadas telefónicas utilizando sus equipos, deben proporcionar teléfonos públicos accesibles, TTYs u otros productos y sistemas de telecomunicaciones para ser usados por personas sordas o con problemas de audición o que tienen una discapacidad del habla.

El contenido fue desarrollado por el Mid-Atlantic ADA Center y se basa en el consenso profesional de expertos de la ADA y de la Red Nacional de la ADA.


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